Una madre supo a los 42 años que su hijo vivía: el tiempo también se roba

Diane Sheehan tuvo a su primer hijo en 1976. Le dijeron que había muerto durante el parto. No era cierto. Cuarenta y dos años después, un correo electrónico le informó que el chico estaba vivo y que quería comunicarse con ella.

Ese correo es el final de una historia que empezó con una mentira de una institución. Durante cuatro décadas, esa mentira le quitó a una madre la posibilidad de buscar a su hijo y a un hijo la posibilidad de conocer a su madre. Lo que se perdió no fue un dato: fueron cuarenta y dos años de vida compartida que nadie puede devolver.

Ese mismo sábado, a otra escala y en otro país, una institución volvió a decidir sobre el tiempo. La Corte Suprema aprobó por 2 votos a 1 un nuevo protocolo para otorgar prisión domiciliaria a condenados por crímenes de lesa humanidad. El fallo fue firmado con dos votos a favor y una ausencia, y cambia el criterio que se aplicaba hasta ahora: el beneficio dependía de evaluaciones caso por caso. H.I.J.O.S. lo denunció como un acuerdo por la impunidad.

Las dos noticias parecen lejanas. Una es íntima, de una casa con una computadora y un mensaje. La otra es un expediente. Pero tienen algo en común: en las dos, quien resolvió cómo se cuenta y se cumple el tiempo no fue la persona que más lo cargaba. A Sheehan le fijaron la fecha de la verdad quienes la ocultaron. Y en los juicios por lesa humanidad, los años que pasan entre el delito y la condena los pagan las familias que esperaron, mientras la condena ya dictada se cumple, desde ahora, bajo un criterio que cambia.

Una condena de décadas no se cumple igual que una condena corta, y una verdad que llega a los 42 años no vale lo mismo que una que llega a los 2. El tiempo no es neutral: quien lo administra decide a quién le sobra y a quién le falta. En el caso de Sheehan, el tiempo lo administró el silencio. En el caso del protocolo, lo administra una votación ajustada que deja abierta la discusión sobre quién decide en cada caso.

Hay además un detalle que se repite. En las dos historias, la información existía y estaba en manos de otro. Los registros de nacimiento falsificados que sostuvieron las adopciones irregulares son la prueba de que alguien sabía. Los legajos y las pericias de cada represor condenado también son información que alguien tiene. Un protocolo uniforme puede ordenar el trato, pero también puede borrar lo que hacía visible cada caso: la edad, la salud, el arrepentimiento o su ausencia, el daño a las víctimas.

Que Sheehan haya recibido un correo y no una visita ni una carta del hospital dice algo más: la verdad le llegó por una vía que ella no controlaba y que no pidió. Fue su hijo quien la buscó, no la institución que mintió. Ninguna oficina corrigió el error. Lo corrigió un hombre de 42 años con ganas de saber de dónde venía.

Eso es lo que conecta las dos historias y lo que casi nadie dijo: cuando una institución decide sobre el tiempo de otros, lo que hay que mirar es quién guarda los datos y quién puede pedirlos. Una familia de Estados Unidos esperó 42 años porque el registro era inaccesible. Las familias de víctimas de la dictadura esperaron décadas por juicios que hoy tienen sentencia. Un protocolo nuevo vuelve a poner a ese tiempo en manos de quienes firman.