Hasta ahora, el beneficio de la domiciliaria para condenados por crímenes de lesa humanidad dependía de evaluaciones caso por caso. El nuevo protocolo cambia esa lógica, y la decisión se tomó con una votación ajustada que deja abierta la discusión sobre quién puede acceder al beneficio y bajo qué condiciones. Lo que se pone en juego es la forma en que el Estado cumple las condenas por los crímenes más graves cometidos durante la dictadura, y el mensaje que eso envía a las víctimas y a sus familias.