El proyecto apunta a ampliar lo que el Estado puede ver de las comunicaciones en línea, y eso suele empezar en un país y terminar sirviendo de modelo para otros. Para un argentino, la discusión sirve como espejo sobre cuánto control digital se acepta a cambio de seguridad. Todavía no hay una versión definitiva, así que la pregunta de hasta dónde llega la vigilancia sigue abierta. ¿Cuánta privacidad estamos dispuestos a resignar sin que nadie nos lo pregunte?