Una concesión de 15 años define quién administra el principal punto de llegada y salida de viajeros de la ciudad durante una década y media, con todo lo que eso implica para tarifas, servicios y mantenimiento. Los vecinos y los turistas que dependen del transporte interurbano van a convivir con las decisiones de quien gane el contrato hasta que termine el plazo. Lo que se firma hoy condiciona lo que se puede exigir mañana.