El archivo cierra por ahora una causa que buscaba determinar si un fondo de inversión presionó a vecinos para desalojarlos y revender sus viviendas. Sin una imputación, los inquilinos afectados pierden la vía penal y quedan con los reclamos civiles o administrativos como únicas herramientas. En Madrid, la presión inmobiliaria sobre alquileres de larga data es un fenómeno que se repite en otros barrios, y cada expediente cerrado sin condena envía una señal sobre qué tan difícil es probar este tipo de abusos.