Cuando una comerciante se va del país después de siete ataques, lo que se pierde no es solo un negocio sino la posibilidad de que quien produce y da trabajo se quede en su lugar. La extorsión funciona como un impuesto ilegal que cobra el crimen, y cada caso así empuja a más gente a cerrar o a emigrar. El reclamo sobre la investigación pone en duda si el sistema puede proteger a quien denuncia antes de que la violencia escale.