Cuando un organismo borra documentos ambientales, desaparece la prueba de qué se decidió y con qué datos, incluso para quienes hoy viven afectados por esas decisiones. La nota vincula los cambios con casos como Camp Lejeune, donde miles de familias buscan respuestas sobre contaminación. Sin archivo público, cualquiera que quiera reclamar tiene que confiar en la memoria de otros. Lo que no queda registrado tiende a dejar de existir para la discusión pública.