Las restricciones a la oposición y al pluralismo que se mantienen en Nicaragua y Cuba afectan a millones de personas que no pueden votar libremente ni organizarse por fuera del oficialismo. Cuando el poder se concentra durante décadas, las instituciones que deberían controlarlo, como la justicia y los medios, terminan dependiendo de quien gobierna. Esa dependencia deja a los ciudadanos sin herramientas para reclamar cuando algo sale mal.