El proyecto apunta a modificar una ley que regula cómo se atiende la salud mental en el país desde 2010. Quien la defiende sostiene que la reforma podría dejar a los pacientes con menos garantías frente a internaciones y tratamientos. Lo que está en juego es el modelo de atención que recibirán personas con padecimiento mental y sus familias en los próximos años.