La propuesta, de concretarse, implicaría cambios institucionales de fondo: un nuevo estado con representación en el Congreso y en el Colegio Electoral, y una relación completamente distinta con los migrantes venezolanos que viven en el país. Hasta ahora no hay un mecanismo legal ni una consulta prevista, así que por ahora se trata de una declaración sin efectos. Lo que sí tiene peso es la señal sobre cómo se piensa la política exterior hacia la región.