La recompensa se ofrece a particulares y no a investigadores, lo que traslada a la ciudadanía el rol de buscar pruebas de irregularidades. Hasta ahora, las autoridades electorales y los tribunales de distintos estados revisaron denuncias similares y en gran parte no encontraron evidencia de fraude a gran escala. Un incentivo económico de esta magnitud puede multiplicar las denuncias sin pruebas, y cada una de ellas erosiona la confianza en los resultados de las urnas. Lo que se pone en juego es quién decide qué es fraude: un expediente judicial o la palabra de quien paga por encontrarlo.