Una oferta pública de dinero para quien aporte pruebas de irregularidades en votaciones instala la sospecha como tema de campaña antes que como hallazgo verificado. Cualquier denuncia que llegue por ese camino tendrá que pasar por los mismos organismos electorales que ya están bajo cuestionamiento. Lo que se pone en juego es la forma en que los ciudadanos van a creer o no en los resultados de la próxima votación.