Más de 1.000 millones de dólares ya salieron del presupuesto para comprar inmuebles que hoy no funcionan como cárceles migratorias. Si la mayoría de los proyectos sigue detenida, esa inversión queda inmovilizada mientras el objetivo de aumentar las detenciones depende de un solo edificio. El costo de la decisión ya está pagado, aunque la obra no esté terminada. Una ampliación que no avanza también es una forma de gastar.