Un presidente en ejercicio que vetó públicamente a un programa de televisión convierte una disputa de medios en una señal sobre cómo el poder trata a la prensa y al humor político. Los canales y productoras que dependen de invitados y audiencias toman nota de qué cuesta criticar al poder. Lo que se pone en juego es cuánta libertad editorial queda cuando el ataque viene de la Casa Blanca.