Si la exención vence en enero de 2027, el diésel más caro se traslada a los fletes y de ahí al precio de la verdura, la leche y los productos que llegan a cada almacén del país. Las micro, pequeñas y medianas empresas, que tienen menos margen para absorber el costo, serían las primeras en resentirse. El pedido de prórroga pone sobre la mesa una pregunta que el Gobierno todavía no respondió: cuánto está dispuesto a sostener el Estado para que el precio de lo que consumimos no suba de golpe.