Cuando un Estado decide qué asistente de inteligencia artificial pueden usar sus empleados, está definiendo qué información confía a empresas privadas y qué tanto control conserva sobre sus propios datos. Para cualquier trabajador que use estas herramientas a diario, la decisión marca un precedente: la comodidad del chatbot tiene un costo en privacidad que alguien tiene que pagar. Suecia no prohíbe la inteligencia artificial, pero sí decide quién la controla.