Es una señal de que los Estados empiezan a poner límites concretos al uso de herramientas de inteligencia artificial en el trabajo público, por temas de seguridad de la información y control de datos. Para un argentino, es un antecedente útil al pensar qué pasa con los datos que se cargan en estos programas cuando se usan en oficinas estatales o en empresas. Muestra que la adopción masiva de la IA todavía tiene resistencias serias.