Un encuentro político con un familiar de un narcotraficante, aunque no esté probado, obliga a que la dirigente responda públicamente y pone el tema en la agenda de la competencia partidaria en México. La acusación se mueve en un terreno donde la verdad y la sospecha se mezclan y el costo reputacional llega antes que cualquier resolución. Lo que está en juego es cuánto pesan las relaciones de los dirigentes con el crimen organizado a la hora de decidir el voto.