Cuando el costo de la energía y de la vida se traduce en bloqueos y faltantes, la presión deja de ser un reclamo salarial y pasa a afectar el abastecimiento de todo el país. El Gobierno queda entre dos exigencias que chocan: mantener las metas presupuestarias y responder con dinero a los sectores que protestan. Cada ayuda de emergencia es una concesión que pone a prueba esa disciplina. Lo que se juega es cuánto tiempo puede sostener el equilibrio entre cuentas públicas y malestar social.