Cuando decisiones que afectan a millones de personas las toma un sistema automatizado, el control democrático corre el riesgo de quedar afuera. Un diputado que no sabe qué despliega un algoritmo no puede pedirle cuentas. Eso importa para cualquier ciudadano que quiera saber quién decide sobre su vida, aunque el sistema nunca se le presente con nombre propio.