Al caducar la comisión, las víctimas pierden el ámbito donde se exigían respuestas sobre responsabilidades políticas y administrativas por la tragedia. Los expedientes deberán reabrirse desde cero en la próxima legislatura, lo que puede demorar años cualquier conclusión. Lo que está en juego es si la rendición de cuentas depende de la continuidad de los mandatos o de la voluntad de investigar.