El recorte de 89% respecto de 2023 deja a los programas contra la violencia de género con una fracción de los recursos actuales, justo cuando las organizaciones que los sostienen piden más presupuesto. Como las partidas son difíciles de rastrear, incluso el dinero que queda puede no llegar a las mujeres que lo necesitan. El mismo proyecto achica los espacios de primera infancia, y las familias que dependen de ellos son las primeras que sienten el cambio en su día a día.