Son siete viviendas construidas en cuatro provincias, un volumen que muestra cómo una empresa privada puede sostener un programa de vivienda durante una década. Para las familias beneficiarias significa tener un techo propio, y para las comunidades, espacios sociales renovados que siguen en uso. La iniciativa deja en claro que el compromiso con el entorno se mide menos en discursos que en obra terminada, y que cada casa levantada es también una deuda social que alguien decidió saldar.