Cuando un país decide manejar su propio sistema operativo, deja de depender de las decisiones de precios y actualizaciones de una empresa privada extranjera. Para Argentina, donde muchos organismos públicos también usan software ajeno y pagan licencias en dólares, el caso sirve como ejemplo concreto de soberanía digital. La pregunta de fondo es cuánto control tiene un Estado sobre las herramientas con las que trabaja cada día.