Si el Estado financia con fondos de todos el desarrollo de la inteligencia artificial, la pregunta de quién se beneficia deja de ser teórica. En la Argentina, donde cualquier política pública se discute en términos de crecimiento y empleo, cambiar la vara de éxito podría alterar qué proyectos se priorizan. La propuesta todavía es una idea académica, sin un método concreto para medir bienestar que sirva para decidir presupuestos.