La decisión deja a Aguilera-Mederos tras las rejas por un período que, en la práctica, cubre buena parte de su vida adulta y convierte la pena inicial en una condena de encierro prolongado. Cuando una junta niega la libertad condicional, la persona queda sujeta a nuevas instancias de revisión que dependen de su conducta en prisión y de la evaluación del riesgo que representa. El caso muestra cómo una sentencia de cifra tan alta se traduce en un encierro que se decide por etapas, sin que el número inicial sea el único punto de referencia.