Según la información difundida, el senador tenía prohibido abandonar el país por una orden de la Justicia, y su eventual salida pondría a prueba el alcance de esa medida. Que las autoridades hayan anulado sus pasaportes marca la reacción del Estado frente a un caso que ya pasó de lo judicial a lo diplomático. Si el pedido de asilo se concreta, la discusión dejará de ser solo local y entrará en la relación entre Brasilia y Washington. Lo que sigue dependerá de la confirmación oficial y de cómo responda la Justicia brasileña.