Con la causa en manos de la Fiscalía Antiterrorista, el caso deja de ser un hecho policial común y pasa a discutirse como amenaza a la convivencia en las periferias francesas. La calificación penal que se defina en los próximos días marcará el alcance de la investigación y si se toman en cuenta móviles discriminatorios. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para responder rápido a la violencia de motivación racial. Cada decisión de la fiscalía va a ser leída como una señal sobre cómo Francia piensa ese tipo de crímenes.