Tasas de ese nivel encarecen el financiamiento del Estado y condicionan cualquier plan de acceso a los mercados internacionales. El dato de superávit primario convive con una deuda neta del 35% del PBI, y esa combinación define qué margen tiene el Gobierno para negociar. Lo que se pone en juego es el costo que pagará el país por cada nuevo vencimiento.