Una complicación de este tipo en una persona privada de la libertad pone en juego la responsabilidad del Estado sobre la atención sanitaria de quienes están bajo su custodia. La recuperación depende de controles, traslados y del acceso efectivo a especialistas dentro del sistema penitenciario. Lo que se decida sobre su tratamiento deja en evidencia cuánto de la salud del detenido queda en manos de la cárcel.