Si el Estado retira esos incentivos, las empresas que ya compraron unidades a gas o eléctricas quedan con costos que no tenían previstos cuando invirtieron. Eso afecta el flujo de inversiones en tecnologías menos contaminantes y altera la competencia entre fabricantes nacionales e importados. Lo que está en juego es si las reglas de transporte del AMBA sostienen un plan de largo plazo o cambian con cada gestión.