El caso reabre el reclamo de los vecinos de Okinawa, que concentra buena parte de las bases militares estadounidenses en Japón, y pone sobre la mesa la vigencia del tratado que regula la presencia de tropas extranjeras. El toque de queda de un mes muestra que el Ejército también considera el riesgo de nuevos incidentes y de tensión con la población local. Lo que está en juego es quién responde por los delitos cometidos por personal militar extranjero en territorio japonés.