Un pedido de internamiento implica privar de libertad a menores de edad mientras se resuelve su situación procesal, una medida que la ley reserva para casos excepcionales. La decisión final la toma un juez, y de ella depende si los jóvenes quedan bajo régimen cerrado o regresan a sus familias con medidas alternativas. Lo que se discute en estos casos es cuánto pesa la protección de los adolescentes frente a la respuesta del Estado ante la violencia urbana.