Un procesamiento confirmado en segunda instancia significa que la causa avanza a la etapa en la que el empresario debe responder formalmente por las acusaciones de evasión. Los embargos vigentes también limitan el uso de bienes mientras dure el proceso, lo que impacta directamente en su patrimonio. Para la empresa, el caso expone a una marca de consumo masivo a un escenario judicial que puede pesar sobre su reputación.