Cuando un Estado empieza a usar herramientas de IA para atacar y defender redes, la carrera por la ciberseguridad deja de ser un asunto técnico y pasa a ser una cuestión de poder. Para empresas y municipios chicos, que suelen tener sistemas más vulnerables, esto significa que la protección ya no depende solo de su propio presupuesto sino de cómo se coordine el Estado. La pregunta de fondo es quién controla un arma que aprende sola y cuánto tiempo pasa antes de que otros países hagan lo mismo.