Que los movimientos se concentraran en veinte minutos y se dispersaran en diez cadenas distintas dificulta recuperar los fondos, porque cada red exige su propio rastreo y las congelaciones dependen de la cooperación de terceros. Si la atribución a un grupo estatal se confirma, el caso deja de ser un delito informático común y pasa a ser una cuestión de seguridad internacional y de sanciones. Para el sistema financiero digital, la lección es que la custodia centralizada concentra un riesgo que puede ser enorme.