Cada camión que cruza el acceso al puerto paga un cargo que encarece el traslado de mercadería de empresas que ya operan con márgenes ajustados. Como el registro obligatorio fue eliminado a nivel nacional, el cobro municipal aparece como una nueva barrera sobre el transporte de carga en la zona. La disputa define cuánto puede cobrar un municipio por el uso de sus caminos y quién termina pagando esa diferencia.