Sin electricidad se frenan hospitales, bombas de agua y la conservación de alimentos en zonas que ya venían golpeadas por la guerra. Atacar la infraestructura energética traslada el costo del conflicto a la población civil, que no participa de los combates pero paga el corte. Cada central dañada tarda semanas o meses en repararse, y mientras tanto el deterioro se acumula sobre los servicios básicos. La pregunta que queda abierta es quién sostiene a millones de personas cuando el Estado no puede garantizar ni la luz.