EE.UU. paga un millón por denunciar fraude y esconde un fallo sobre cómo espía a su gente

A una semana de las elecciones legislativas de noviembre, el gobierno de Donald Trump ofrece un millón de dólares a quien aporte datos que terminen en condenas firmes por fraude electoral. La recompensa abarca elecciones pasadas, y un informe de la administración detalla además detenciones de extranjeros por presunto fraude. Legisladores demócratas lo leen como intimidación a votantes.

El dato que ordena todo es que condenas por ese fraude, hasta ahora, no hay. Se paga por encontrar una prueba que todavía no existe. Y mientras se busca con dinero un delito sin sentencias, hay una sentencia que sí existe y que nadie puede leer: una decisión de un tribunal secreto sobre cómo el Estado estadounidense vigila a sus propios ciudadanos. Se sabe que está, no se sabe qué dice.

El cruce es ese. El gobierno pide transparencia total al votante, al vecino, al extranjero con papeles dudosos, y a la vez guarda bajo llave el fallo que fija hasta dónde puede mirarlos a todos. Una de las dos reglas es pública y se mide en dólares. La otra es privada y se mide en derechos.

Esa asimetría se completa con una declaración reciente. Trump dijo que aceptará el resultado de las legislativas si es honesto o limpio, sin precisar qué criterio usará para decidirlo. Si el mismo gobierno que define qué es fraude, paga por encontrarlo y mantiene reservada la sentencia sobre la vigilancia, quien juzga la limpieza de la elección es una de las partes.

El mismo mapa de reglas escondidas aparece en otro rincón de la tecnología. Un reporte sobre policías estadounidenses indica que algunas fuerzas usan sistemas automáticos que marcan autos por conductas consideradas sospechosas, y esas marcas terminan en paradas de tránsito. El conductor señalado tiene que demostrar su inocencia ante un criterio que no conoce. Es la misma lógica que el tribunal secreto: una regla que opera sobre la gente sin que la gente pueda leerla.

Para quien vive lejos de Washington, la distancia es menor de lo que parece. Los criterios con que un Estado decide a quién mirar suelen escribirse en documentos que nunca se publican, y los derechos de una persona terminan dependiendo de textos que no sabe que existen. Cuando la plata se ofrece a la luz y el fallo se guarda a oscuras, el incentivo corre en una sola dirección: más ojos sobre los ciudadanos y menos ojos sobre quien los vigila.

Las legislativas se votan con ese telón de fondo. El gasto publicitario de la campaña ya superó los 10.000 millones de dólares y Trump propuso cheques de 5.000 dólares si su partido gana. Hay mucho dinero hablando en voz alta y una sola sentencia que sigue callada.