El informe describe un sistema en el que los organismos que deberían controlar al Estado han perdido capacidad para investigar a sus propias autoridades. Cuando las denuncias de abusos no tienen un canal interno que las procese, las víctimas quedan libradas a instancias externas o directamente sin respuesta. Eso afecta a cualquier persona que dependa de la justicia local para reclamar derechos básicos. Lo que está en juego es si una denuncia sirve de algo.