Si el decreto se publica tal como está previsto, cambiaría quién define los menús, los proveedores y los controles sobre la comida que reciben chicos y pacientes en instituciones públicas. Esa decisión afecta a una parte grande de la población que depende de estos servicios, y cualquier cambio en los estándares se traduce en platos distintos en el día a día. Lo que se pone en juego es la calidad y la continuidad de una prestación que muchas familias no pueden reemplazar.