Un contrato de tres décadas define quién usa, cuida y cobra por un predio estatal que durante años fue accesible para trabajadores y familias, y el pliego deja en manos privadas el mantenimiento de los edificios. La cuenta de fondo es cuánto de ese patrimonio sigue siendo de uso público y a qué precio. Cuando una concesión tan larga se firma, la decisión de hoy condiciona por generaciones lo que se puede hacer con el lugar.