El proyecto pasó de penalizar de manera amplia a limitar las sanciones a empresas que operan en las islas, y el delito de desinformación se reescribe con controles legislativos adicionales. Quienes trabajan en comunicación, periodismo y actividades comerciales vinculadas a Malvinas quedan alcanzados por el resultado final. El texto todavía puede sufrir modificaciones antes de llegar al recinto, así que el alcance real aún no está cerrado. Lo que se decida ahora define qué se puede decir y qué se puede hacer en un tema sensible.