Los 900 millones llegan con condiciones que se aplican sobre el gasto público, las tarifas y las empresas del Estado, y eso define qué servicios se mantienen y a qué precio. El desembolso alivia las reservas, pero cada tramo nuevo vuelve a poner sobre la mesa las mismas decisiones de fondo. Para cualquier familia, la pregunta práctica es quién paga la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que se compromete a gastar. Un crédito que se cobra en tramos sigue atado al cumplimiento de metas que se revisan cada pocos meses.