El amparo busca saber en qué se gastan 2,3 billones de pesos destinados a enfrentar un fenómeno que ya afecta la producción del campo bonaerense. Para los productores de la zona, la falta de información sobre el destino de esos fondos significa que no pueden planificar ni reclamar en tiempo. Lo que está en juego es si el plan anunciado se traduce en obras y ayudas concretas o queda en un número sin ejecución verificable.