Lo que se denuncia en Ituzaingó y en Villa Bosch ya no se parece a lo que conocíamos. Las imágenes falsas de alumnas menores de edad se fabrican con inteligencia artificial a partir de fotos reales y se ofrecen a la venta. Hay un cliente, hay un precio y hay alguien que produce a pedido. Un mercado cambia la naturaleza del daño: deja de ser una cruel travesura entre compañeros y pasa a ser un negocio que se alimenta de la cara de una adolescente.

Para producir una de estas imágenes alcanza con una foto de perfil, una del acto escolar o una de las vacaciones. Lo que las familias subieron durante años como recuerdo funciona hoy como materia prima. Esa es la novedad incómoda: nadie tiene que haberse equivocado, nadie tiene que haber confiado en la persona equivocada. Basta con haber existido en una red social.

El colegio recibe el golpe primero, pero no es quien lo carga después. Cuando el material ya circula, la que tiene que sostener su reputación, su vínculo con los compañeros y su tranquilidad es una chica de quince o dieciséis años, y quienes la acompañan son su familia, que no tiene herramientas ni a quién reclamarle. Un archivo copiado no se retira. Por eso cuenta tanto lo que se haga antes de que se multiplique y tan poco lo que se haga después.

Ahí se entiende el peso de la Ley Ema, que avanza en el Senado bonaerense y busca un marco legal contra la violencia digital. Hoy el Estado llega tarde a un delito que se mueve a la velocidad de un chat. Una norma que nombre estas conductas, las tipifique y le dé a quien investiga las herramientas para actuar es lo que separa una denuncia que se archiva de una que frena la cadena.

La conclusión es simple y vale más allá de este caso: la foto de una persona dejó de ser solo un recuerdo y pasó a ser un insumo. Mientras la ley, la escuela y la casa no lo asuman así, cada imagen subida seguirá siendo una puerta abierta.