Un fiscal especial tendría autoridad independiente para revisar documentos y testimonios que hasta ahora quedaron en manos del propio Gobierno. Si el pedido prospera, la investigación dejaría de depender de la misma administración que está bajo sospecha. La discusión también reabre el peso político de un caso que ya había golpeado a la Justicia estadounidense. Lo que se decida en las próximas semanas marcará si las denuncias de las mujeres llegan a una instancia real de examen.