El conflicto afecta a los productores audiovisuales de Castilla y León, que dependen de estas ayudas para financiar sus proyectos y podrían quedar en el medio de una disputa administrativa. Si la vía judicial avanza, la discusión sobre quién decide en materia de fomento cultural podría sentar un precedente para otras comunidades. Lo que está en juego es el dinero destinado al sector y la seguridad jurídica de quienes ya planificaron rodajes.