La credencial para votar es el documento que millones de argentinos usan para identificarse, así que quién la produce y a qué costo impacta directamente en la organización electoral y en el gasto público. Cuando la adjudicación se discute en público, la diferencia de precio y el peso de la experiencia técnica se vuelven el centro de la controversia. Lo que se pone en juego es la confianza en un proceso de contratación que sostiene un documento básico de la vida cívica.