Por primera vez en el caso, una transmisión en redes sociales queda como prueba central de un delito contra la vida, y eso sienta un precedente para cómo se juzgan las plataformas y la violencia cometida frente a una cámara. Las denuncias previas muestran que la violencia de género ya había dejado señales antes de la tragedia. La sentencia obliga a mirar qué se hace con el hostigamiento que circula en pantalla antes de que termine en un hecho irreversible.